Pronunciamiento de la Pastoral Social Cáritas Zona Sur del Ecuador frente a la Amenaza en las Fuentes Hídricas por la Minería

El pasado viernes 07 de Junio del 2019, en la ciudad de Santa Rosa, provincia El Oro en el sur de Ecuador, se llevó a cabo el foro Protección y Defensa de las Fuentes Hídricas Frente a la Amenaza de la Minería, donde se pudo contar con la participación de líderes de las provincias: Loja, El Oro, Cañar, Azuay, Esmeraldas, Chimborazo y Zamora-Chinchipe.

Con este encuentro, se pudo visibilizar las amenazas que tienen las fuentes hídricas en dichas provincias, donde hay iniciativas extractivistas que no cuentan con el consentimiento de quienes ahí habitan y además se pretenden emprender en tierras altas donde nacen fuentes de agua para muchas poblaciones.

Ante esto, los asistentes a este foro se pronunciaron de la siguiente manera:

PRONUNCIAMIENTO DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS ZONA SUR (CAÑAR, AZUAY, EL ORO, LOJA Y ZAMORACHINCHIPE) EN DEFENSA DE LAS FUENTES HÍDRICAS FRENTE A LA AMENAZA DE LA MINERÍA.

Santa Rosa -  El Oro 07 de junio de 2019

Nuestro compromiso como seres humanos es fundamental en el cuidado y protección del ambiente. Porque mientras sigamos degradando el ambiente natural, degradaremos a su vez el ambiente humano, esto sucede porque nos enfrentamos a una crisis social y ambiental, una crisis que no puede entenderse por separado….(LS-139)…Porque el clamor de la hermana madre tierra se una al clamor de los más empobrecidos…(LS-49)

“Por eso, la acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo”[1].

La Pastoral Social Cáritas Zona Sur, frente al llamado del Papa Francisco a través de la Encíclica Laudato Si a cuidar y defender la Casa Común, expresamos nuestra profunda preocupación por la contaminación ambiental particularmente por la producida por los proyectos extractivista de minería en la zona sur del Ecuador y consecuentemente toda la problemática socio ambiental que de ésta se deriva.

La entrega del territorio ecuatoriano por parte del Estado a concesionarias extranjeras chinas, canadienses, australianas y otras, ha generado el rechazo de las comunidades campesinas, indígenas y organizaciones de la sociedad civil por la destrucción de la biodiversidad y la vida misma de nuestros territorios.

“Se debe respetar el hecho de que para las comunidades aborígenes….     la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores” (LS 146).

Ante la permanente violación e incumplimiento de los derechos de la naturaleza, de los pueblos y comunidades; y la inobservancia a las demandas, la población se organiza y busca formas de hacer que su voz sea escuchada, es así que en la consulta popular en Giron el 86,7% se oponen a la minería, siendo una alerta para el Estado.

El Estado ecuatoriano, en lugar de garantizar los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada y respetar las decisiones comunitarias sobre sus propias prácticas productivas y de vida como lo señala La Constitución de la República del Ecuador, sin embargo, se está implementando un modelo económico extractivista altamente perjudicial para los pueblos y las comunidades, permitiendo que las empresas extranjeras apliquen estrategias de división y ruptura del tejido social.

Todas y todos quienes formamos parte de la Iglesia, La Red Nacional de Pastoral de Ecología, Pastoral Social Cáritas zona sur y demás organizaciones de la sociedad civil presentes, exigimos al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, Ministerios competentes, a gobiernos seccionales de Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe; y a todas las autoridades estatales, que:

1.      Que se respete y garantice el derecho de los pueblos como lo determina la Constitución de la República del Ecuador.

2.      Que cese la represión contra los lideres, lideresas y defensores de la Pacha Mama, evitando cualquier forma de violencia como acto de represión.

3.      Demandamos que se garantice la seguridad, integridad y protección de los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos mineros, considerando los estándares nacionales e internacionales.

4.      En particular exigimos el reconocimiento y la aplicación inmediata de las garantías de protección, seguridad, integridad reconocidas en la Constitución ecuatoriana a los pobladores criminalizados como defensores de derechos. Pues “el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral….” (LS 157).

5.      Pedimos y exigimos la intervención de instancias estatales competentes, pues se trata de un proyecto que afectaría fuentes de agua, áreas protegidas y la vida de los habitantes, donde se debería suprimir toda práctica extractivista.

6.      Que respete y asuma la voluntad política Y el derecho de los pueblos a la Consulta popular para que sean ellos los que decidan sobre el presente y el futuro de sus pueblos.

7.      Hacer respetar la consulta popular del 2017 en la que el pueblo ecuatoriano le dijo no a la minería.

El Papa Francisco, dicen que “El agua vale más que el oro”, una razón más para respaldar la demanda de las comunidades afectadas a nivel nacional y en particular de la zona sur. Y exigimos al gobierno que, para evitar una escalada de violencia y represión, revierta las prácticas extractivista y se declare zona intangible garantizando así el BUEN VIVIR de nuestros pueblos.